Lunes, 6 de mayo de 2024.- Tras el anuncio del cierre del 40% de los que están en funcionamiento. Luego de que el Gobierno anunció el cierre del 40% de los Registros de la Propiedad Automotor, el gremio anunció un paro total desde este lunes por tiempo indefinido. “No habrá recaudación ninguna para girar. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales”, dijeron en un comunicado el Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor y Motovehículos y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

“En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de RR.SS (Registros Seccionales), los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RR.SS que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados”, informó el gremio.

El paro de actividades comenzará a regir el 6 de mayo a las 8:30 y, como indicaron los trabajadores, se extenderá hasta que sean convocados a establecer diálogo con las autoridades del Gobierno nacional.

“En este marco, no habrá recaudación ninguna para girar a dicho Ministerio. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales en toda la República Argentina”, agrega el comunicado.

“En ese sentido, estamos absolutamente seguros de que el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos velará y responderá por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos hasta que esté en condiciones de entablar diálogo con nuestros encargados”, indicó el sindicato.

En el DNU del Poder Ejecutivo Nacional se estipulaba que el 2 de mayo debía ponerse en funcionamiento un nuevo Registro Automotor digital de alcance nacional, cuyo funcionamiento debe ser remoto, abierto, accesible y estandarizado. Un día después de vencido ese plazo, el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (Dnrpa), hizo públicas algunas disposiciones que van en esa dirección, algunas de las cuales son de aplicación inmediata.

Se atacó la problemática en general, con decisiones que impactan en los Registros como dependencias en sí mismas, en los usuarios con menores trámites y costos, y en el sistema registral en su estructura, con procesos que permitan continuar después con la transformación más profunda que por ahora no se puede hacer.

La más llamativa, por la magnitud que tiene, es la decisión de cerrar el 40% de los actuales Registros del Automotor, lo que implica unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país.

Dentro de ellos, se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas hace más de dos años, y otros desde la asunción de la administración de Javier Milei.

En la misma dirección, se decidió también reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, dentro de un marco apropiado como el de ofrecer planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Estas dos medidas apuntalan las bases de la reforma del sistema registral de automotores, cuestionado por el Presidente durante su campaña electoral, en el que reiteradamente describió a los Registros del Automotor como “cajas de la política” y parte de la “casta que vive del Estado”.

Reducirlos a poco más de la mitad sigue una lógica de achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal sin tener en cuenta los "efectos colaterales", y podría considerarse el primer paso hacia el objetivo final que siempre ha sido cerrarlos completamente y reemplazarlos por una herramienta digital remota.

Estas medidas se complementan con otra anunciada en la misma resolución, que determina que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. Justicia se reserva el derecho de controlar en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.