Viernes, 9 de febrero de 2024.-  Gobernadores en defensa propia. Sorprendidos por la postura oficial, buscan consolidar un frente común ante el ataque recibido, sin distinción de origen

Los gobernadores de los principales centros urbanos del país rechazaron expresamente la decisión del presidente Javier Milei de quitar los subsidios al transporte público de pasajeros. La decisión obliga a incrementar el boleto de los colectivos dado que las provincias no tienen espalda suficiente para compensar la falta de fondos de la Nación. De acuerdo a la asignación presupuestaria de 2023, las mismas recibirían 66.000 millones de pesos por el Fondo Compensador del Transporte (mientras al Amba le asignarían 104.000 pesos). Hasta 2023 la disputa era por la equidad en la distribución de recursos, hoy ruegan que haya recurso alguno.

“Nunca creímos que iban a quitar los subsidios al transporte”, dijo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ante la prensa local. La decisión del presidente Milei lo sorprendió, pese a que viene enfrentando problemas en la provincia para cumplir con el pago de los salarios de choferes en enero ante el retraso en el giro de los fondos de Nación. Por eso la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó un paro en la ciudad de Santa Fe el pasado martes y lo repetirá el viernes. Los subsidios al transporte representan la principal fuente de ingresos de las líneas de colectivos y los gremialistas lo saben. Pullaro reconoció que no puede cubrir ese faltante con fondos propios pero se comprometió a actualizar los aportes provinciales que actualmente son “de alrededor de 2.000 millones”, contra unos 13.000 millones de pesos que recibió el sector en 2023.

En este contexto, solo cabe la posibilidad de que los municipios aporten más o que se suba la tarifa del colectivo. Por su parte, el intendente de Rosario reunió a los alcaldes de 17 principales ciudades del país y difundieron un comunicado con su firma rechazando la decisión de Milei: “Esta medida no es contra los intendentes, sino contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”, afirmaron. 

Además, concluyeron que de confirmarse “implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país” y que “vale remarcar además que se sostiene la inequidad con el Amba, ya que la eliminación sólo está planteada para el interior”, apuntaban sobre un reclamo que suma sus años. Los intendentes se autoconvocarán en los próximos días, y convocaron al encuentro a los legisladores provincial, para solicitar en conjunto la revisión de la medida.

Por su parte, Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, también está en el centro del conflicto con los gobernadores aunque prefirió no realizar declaraciones públicas durante la jornada. En la mañana del jueves, el presidente lo llamó “traidor” dado que su esposa –la diputada Alejandra Torres- votó en contra del proyecto de Ley de Bases en varios artículos clave. A la provincia de Córdoba le corresponde el 19 por ciento del Fondo Compensador. A Santa Fe, el 14.

Sí se expresó el Secretario de Movilidad de la municipalidad de Córdoba, que advirtió que el valor del boleto pasaría de 340 a 1.111 pesos en caso de cortarse la ayuda nacional. También el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó al presidente libertario a primeras horas del día, dijo que incumplía con el Pacto Fiscal de 2017, si bien no es este el Pacto que está en vigencia.

Equidad en la mira

El forcejeo por los recursos del Fondo Compensador de Transporte lleva unos años, luego de la firma del Pacto Fiscal 2018 que trasladó a las provincias y municipios su rembolso: es decir que son ellas quienes reciben los fondos de Nación y lo entregan a las compañías de transporte de pasajeros, devolviendo la información correspondiente al ex Ministerio de Transporte. Una disputa que cobró centralidad durante el debate por el Presupuesto 2023 había sido la inequidad distributiva de los recursos del Fondo Compensador, las provincias recibirían 66.000 millones de pesos mientras el Amba 104.000 millones, es decir una proporción 40 a 60 que aunque dispar mejoraba la de años previos. Hoy la discusión pasa menos por la justicia distributiva: piden que les giren dinero al menos.

El subsidio al sistema de transporte local se cubre mayormente con los fondos de Nación, pero también con aportes provinciales. A su vez, el impuesto sobre los combustibles líquidos y gaseosos es un tributo asignado al Fondo Compensador del Transporte, y este fue recientemente “actualizado” por Nación. Existen varias razones que explican una diferencia de recursos a favor del Amba donde el sistema de transporte está más difundido y el gasto en boleto es más representativo sobre la canasta de consumo de un trabajador de clase media: representan el 3,2 por ciento del gasto de los hogares en el promedio nacional pero el 3,9 en el bolsillo de un bonaerense, según datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engho) de 2018. Los bonaerenses en promedio usan más de dos coches de transporte por día: pagan en el Amba a razón de 2,5 boletos diarios, según datos oficiales citados por el ex ministro de Transporte Alexis Guerrera en el Congreso.

Las provincias venían planteando la discusión sobre el Fondo Compensador llevándola al terreno de las tarifas, dado que pagan cuatro veces más que en el Amba. Sin embargo, como reconocía Guerrera, es difícil plantear un “boleto federal” que sea equitativo ya que los sistemas de transporte difieren tanto como los boletos: “en Santa Fe, por ejemplo, durante algunas horas el boleto de transporte está topeado lo cual facilita realizar combinaciones; en Córdoba el boleto se subsidia a casi toda la comunidad educativa”, aseguraba en una reunión ante los diputados. Cabe notar que, en términos generales, los subsidios que paga la Administración Nacional al transporte aumentaron en términos reales en los últimos años (a diferencia de lo ocurrido con los subsidios energéticos, por ejemplo): en 2023 crecieron 4,2 por ciento, y en 2022 lo hicieron en 4,8 por ciento en términos reales, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).