Miércoles, 3 de diciembre de 2025.- (Página 12) Denuncian ajuste, discriminación y corrupción. La lista de reclamos al Gobierno no tiene precedentes: leyes que no se cumplen, un presidente que los insulta y funcionarios que cobran coimas. Terapias que se interrumpen y miles de pensiones recortadas son la contratacara de la causa Andis. “Decidieron elegirnos como enemigos”.

Hace 25 años, el país suscribió la resolución de la ONU que estableció el 3 de diciembre como el Día de la Discapacidad. Desde entonces, “las cosas no cambiaron mucho. Tuvimos varios avances y algunos retrocesos en materia de derechos, pero seguimos siendo el último orejón del tarro”, dice a Página/12 Ana Dones, referente de REDI, una de las organizaciones con más historia del colectivo. “Lo que nunca imaginamos”, agrega, “es que en estos últimos meses íbamos a sufrir todo lo que sufrimos”. La serie de reproches a Javier Milei quizás sea la más extensa que el sector haya acumulado nunca contra los distintos gobiernos. “Están dejando a los chicos sin sus terapias y a los adultos sin la pensión. El daño puede ser irreparable, por eso estamos desesperados. Para colmo, nos roban en la cara”, describe Dones.

Con una larga lista de reclamos, que van desde la aplicación de la Ley de Emergencia –necesaria para sacar del ahogo financiero a las instituciones de apoyo– hasta el cese del ajuste sobre las pensiones (un fallo de la Cámara federal de Catamarca ordenó restituír las casi 200 mil que habían sido recortadas), distintas organizaciones tomarán este año el 3 de diciembre como un día de lucha contra Milei. Habrá una concentración frente a la sede de la Andis para luego marchar hacia el Congreso, en simultáneo con los jubilados y las organizaciones sociales. También realizarán una conferencia de prensa junto a los médicos y residentes de Garrahan, que también se plegarán más tarde a la convocatoria multisectorial.

Enemigos públicos

La del este miércoles al Congreso será una marcha más de las tantas que el colectivo protagonizó este año. Movilizaron a la quinta de Olivos, al Congreso, a la propia Andis y a Plaza de Mayo, con réplicas en las principales ciudades del país, siempre con reclamos renovados. A fuerza de salir a la calle, las familias y sus organizaciones lograron poner a la discapacidad en el centro del debate público, con la ayuda inestimable de la crueldad oficial.

“Fue un montón. Estamos agotados, pero hay que seguir mucho más”, dice a este diario la actriz Valentina Bassi. “La sensación es que el Gobierno eligió a las personas con discapacidad como enemigos en primera fila y nosotros respondimos a los ataques saliendo a luchar. Y así fuimos logrando cosas, como la Ley de Emergencia. Pero pasan las semanas y siguen sin aplicarla ni darle los fondos necesarios, así que es un círculo vicioso”, dice Valentina, que se erigió como una de las voces de la pelea de madres y padres por sostener las terapias de sus hijos.

Valentina explica que el miedo a que su hijo Lisandro, un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pierda su escolaridad especial por la crisis del sector de los prestadores, fue el motor para salir a la calle. “Yo no tengo plan B. Si la escuela de Lisandro cierra, me muero. Trabajamos un montón para encontrarle el ambiente adecuado para que crezca feliz, contenido. Yo preferiría obviamente dedicarme a actuar full time, pero esta es una situación límite y la desesperación mueve montañas”, dice.

Las deudas, el atraso en los pagos y el congelamiento de los aranceles para prestadores que dictó el Gobierno entre diciembre de 2024 y noviembre de este año complicó no sólo a la escuela de Lisandro, sino a prácticamente todas, dice Bassi. “Hay acompañantes terapéuticas y escolares que están dejando de trabajar porque cobran una misera, y reconstruir ese vínculo con los chicos, que quedan solos, puede llevar años”, describe.

Ajuste y crueldad

Los números duros del presupuesto confirman las denuncias del colectivo. Según el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa Incluir Salud, que garantiza la cobertura de prestaciones de casi 500 mil personas que se atienden en el sistema estatal, sufrió un recorte acumulado de $300 mil millones en términos reales desde que asumió Milei. Es el mismo programa que paga los medicamentos de alto costo y en el que, de la mano de Diego Spagnuolo, funcionaba la cueva de las coimas.

Para palear el ajuste, las organizaciones no sólo salieron a la calle sino que impulsaron y acompañaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aumentaba el valor del nomenclador (nombre que lleva el valor del servicio, ya sea de salud, educación o transporte) y ofrecía una suma fija para compensar lo perdido por la inflación desde 2023. La ley se votó con amplias mayorías, el Gobierno la vetó, el Congreso rechazó el veto y en Casa Rosada no tuvieron más remedio que promulgarla, aunque le vaciaron los fondos.

La reglamentación quedó en un limbo y el Gobierno recusó hace dos semanas al juez federal de campana Adrián González Charvay, quien estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del DNU con que la Rosada había vetado en los hechos la ley por segunda vez. Como compensación, la Andis otorgó aumentos del 35 por ciento en promedio, la mitad de lo que establecía la Emergencia si se hubiera reglamentado correctamente.

Esos aumentos no iban sólo destinados al Incluir Salud, sino a todo el sistema, que incluye también a las obras sociales y prepagas. Las instituciones quedaron al borde del cierre. “Las familias hacemos rifas, colectas y ponemos plata de nuestros bolsillos para la que la escuela, como es mi caso, no cierre o no baje su calidad prestacional”, resume Bassi.

En paralelo, el Gobierno avanzó con el recorte de pensiones por invalidez. Primero, Spagnuolo puso en marcha una serie de auditorías truchas, basadas en la “radiografía de la cadera del perro”, una operación de prensa lanzada en 2024 por el vocero Manuel Adorni, siempre listo para las fake news. Se dijo que había miles de beneficiarios que la cobraban (equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima) sin tener discapacidad. La auditoría iba a comprobar supuestamente esa irregularidad, pero cayó en saco roto: se implementó un sistema de notificaciones por carta documento cuyas irregularidades Página/12 denunció en su momento y derivaron en un caos administrativo, con filas interminables de gente en la puerta de la Andis.

Un fallo reciente de la Cámara Federal de Catamarca comprobó esas irregularidades y ordenó al Gobierno a reponer las casi 200 mil pensiones que había recortado este año. El ajuste proyectado había llegado a las casi 500 mil, pero debieron dar marcha atrás tras el escándalo de los audios filtrados por Spagnuolo.

Pero el círculo no se cerró: según reveló ACIJ, en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social figura como meta presupueustaria para 2026 un nuevo recorte de 197.041 pensiones.

“Nos pasamos todo el año denunciando esa situación de destrato con las pensiones tanto en la justicia argentina como en el exterior, en el comité de la ONU, en la CIDH... la respuesta del Gobierno fue siempre negativa. El caso de las coimas les puso un freno de mano, sino iban por todo”, dice Dones, de REDI.

Pese a todo, desde algunas organizacines ven el camino andado como positivo: la lucha colectiva desnudó la crueldad oficial y puso el tema en la agenda. “Los discas nos despertamos”, dice Jony de la Silla. “Enfrentamos a la motosierra y pudimos en algunos casos ponerles un freno. Ahora lo que necesitamos es ir por más”, se entusiasma.