Jueves, 9 de abril de 2026.- Un hombre fue condenado a 18 años de prisión por abuso. Según la sentencia, los hechos ocurrieron en un contexto intrafamiliar y se reiteraron en el tiempo.

La Cámara Multifueros de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en Chepes, integrada por las juezas María Alejandra López, Deolinda Janet Tello y Rosa Graciela Yaryura, condenó a M.R.B. por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de una persona menor de edad.

El Tribunal resolvió de manera unánime imponer al imputado la pena de dieciocho (18) años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación absoluta por el mismo término, conforme lo previsto en el Código Penal Argentino.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, los hechos ocurrieron en un contexto intrafamiliar y se reiteraron en el tiempo. La situación fue develada por la propia persona menor de edad ante su entorno familiar, lo que dio inicio a la intervención judicial.

El Tribunal valoró especialmente la prueba producida durante el debate, así como la normativa vigente en materia de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en consonancia con estándares nacionales e internacionales.

Medidas de protección y seguimiento

En el marco de la sentencia, se dispuso la implementación de medidas orientadas a la protección y recuperación de la víctima, entre ellas la provisión urgente de tratamiento psicológico gratuito y continuo dentro del sistema de salud pública, conforme a su elección.

Asimismo, se ordenó que cualquier solicitud de beneficios penitenciarios por parte del condenado sea informada a los organismos judiciales correspondientes, y la víctima para garantizar su protección integral, incluso luego de alcanzar la mayoría de edad.

Respecto del condenado, se dispuso que durante el cumplimiento de la pena deberá someterse a un tratamiento psicológico permanente, supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal, con el objetivo de su rehabilitación y la prevención de nuevas conductas delictivas.

Finalmente, el Tribunal ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal y a los organismos competentes para el control y seguimiento de la ejecución de la pena, en cumplimiento de la normativa vigente.