Domingo, 6 de septiembre de 2026.- El otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios por parte del Banco Nación (BNA) a funcionarios, diputados y allegados al gobierno de Javier Milei desató un fuerte escándalo político y judicial, por tratarse de grupo selecto de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y accedieron a condiciones preferenciales, excepciones normativas o plazos más cortos en comparación con el ciudadano común. 

A través del programa "+Hogares con BNA" y otras líneas, se detectaron préstamos por montos que individualmente rozaron o superaron los 400 millones de pesos (equivalentes a deudas de hasta 350.000 dólares): 

Federico Furiase (Secretario de Finanzas): Obtuvo un crédito del BNA por $367 millones (más otros $100 millones del Banco Ciudad) que utilizó para adquirir una propiedad en un barrio cerrado de Pilar. 

Felipe Núñez (Director del BICE): Asesor cercano al ministro Luis Caputo, accedió a un financiamiento de unos $475 millones. 

Mariano Campero (Diputado Nacional): El legislador (ex-UCR y ahora formalmente aliado a La Libertad Avanza) adquirió una lujosa propiedad de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, declarando una deuda con el banco de casi $270 millones. 

Federico Sharif Menem: Hijo de Eduardo "Lule" Menem y asesor de la Cámara de Diputados. Con solo 24 años, accedió a un crédito equivalente a unos 255.000 dólares, lo que generó cuestionamientos sobre la relación entre sus ingresos y el aval bancario. 

Juan Pablo Carreira ("Juan Doe"): Director de Comunicación Digital de la Nación, también figura en la lista de beneficiarios con un préstamo multimillonario. 

Lorena Villaverde (Diputada Nacional): La legisladora por Río Negro declaró una deuda con la entidad oficial por más de $223 millones. 

Otros implicados: Los diputados Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, y el director de YPF Emiliano Monguilardi. [

Tras una denuncia penal impulsada por la oposición, la justicia federal abrió una causa por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. 

Inicialmente radicada ante el juez Ariel Lijo —quien solicitó los primeros informes de auditoría—, la Cámara Federal unificó las denuncias y derivó el expediente al juzgado de María Romina Capuchetti. Actualmente, el proceso avanza a paso lento y bajo estricto secreto de sumario.