Jueves, 1 de octubre de 2026.- El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei para que cumpla de forma íntegra con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. 

El magistrado rechazó el pedido de revocatoria presentado por el Poder Ejecutivo y le otorgó un plazo de cinco días hábiles para acreditar el cumplimiento, bajo la advertencia de aplicar multas económicas diarias conocidas como astreintes.

El juez determinó que el Gobierno solo demostró un "cumplimiento parcial". Detalló que la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 (cuando la Corte Suprema dejó firme la cautelar) alcanzó el 312,19%. Las recomposiciones y paritarias presentadas por el Estado no acreditan haber cubierto dicha pérdida real del poder adquisitivo. Desde los gremios estiman que la deuda salarial remanente supera el 33%.

La Ley 27.795 exige recomponer programas de asistencia como el Progresar, la Beca Manuel Belgrano y Enfermería. El Gobierno argumentó que solo la Beca Manuel Belgrano estaba alcanzada bajo su interpretación. Cormick rechazó de plano este argumento, señalando que la normativa es explícita respecto a todos los programas mencionados.

Esta nueva intimación ocurre en un escenario de fuerte tensión, coincidiendo con el inicio de un paro nacional universitario de 72 horas por parte de docentes y no docentes en reclamo de presupuesto.